Como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en mayo de 2016 presenté al Consejo Permanente un informe en el que se detallan las graves perturbaciones al orden constitucional y democrático en Venezuela.
Casi un año después y con gran decepción he presentado un informe de seguimiento en el que se detalla el ulterior deterioro de la situación en el país. Venezuela se ha convertido en una dictadura. Unas elecciones cabales, libres y justas constituyen la única solución, la posibilidad de salida democrática para la continua crisis en ese país.
El orden constitucional debe ser restaurado con urgencia en Venezuela. Hay que trabajar de manera congruente con los elementos esenciales de la democracia representativa y los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, nada más ni nada menos que los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Su Constitución se ha reducido a meras palabras sobre el papel. Ya no hay Estado de derecho porque el Poder Judicial está cooptado por el Ejecutivo. El Poder Judicial ha anulado todas las decisiones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, marginando así al Poder Legislativo, anulando de facto, dejando sin efecto a la Asamblea Nacional El pueblo venezolano ha perdido sus derechos electorales, se le negó un Referéndum Revocatorio, así como se le ha negado la posibilidad de votar en elecciones regionales a gobernadores.
Hoy día, si el Gobierno quiere mandar preso a un ciudadano, simplemente lo hace, si lo quiere torturar, lo tortura y lo hace con impunidad. El pueblo venezolano está a merced de un régimen autoritario que le niega sus derechos más básicos y no le ofrece ningún recurso para responder.
No hay ninguna manera de que ningún ciudadano venezolano hoy pueda defender y hacer valer sus derechos. No hay ningún plan de garantías individuales que puedan estar vigentes en el Estado venezolano hoy. El Gobierno venezolano ha insistido en sus negativas e incumplimientos, y sigue rechazando salidas diplomáticas. Los “buenos oficios” y las “gestiones diplomáticas” emprendidas durante todo el 2016 y parte de 2017 han fracasado; el apoyo del Consejo Permanente al diálogo ha sido reprobado en varias ocasiones, incluso en términos descalificadores y agraviantes.
No ha habido avances en intentos por parte de otras organizaciones regionales, y el diálogo solamente ha significado un ulterior retroceso del punto de vista institucional en el país.
El Gobierno ha mostrado un patrón sistemático de abusos. Los críticos y opositores políticos son reprimidos, golpeados y encarcelados, y sigue aumentando el número total de presos políticos mientras que el Gobierno arbitrariamente arresta, detiene y, si desea, libera a los opositores con impunidad.
Para marzo de 2017 se cuentan ya 116 presos políticos mantenidos en condiciones inhumanas y degradantes. Este numero se altera, sube y baja de acuerdo a los ajustes que el gobierno realiza, pero se mantiene muy por encima de los 83 que había cuando comenzó el proceso de diálogo.
En septiembre de 2016 se presentó ante la Corte Penal Internacional una acusación contra 33 altos funcionarios del Gobierno, El Gobierno de Venezuela no solo se ha convertido en una dictadura, sino en una Tiranía que no ofrece garantías legales para ningún ciudadano
En noviembre de 2016, dos sobrinos de la Primera Dama de Venezuela fueron declarados culpables de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York. Sus confesiones son por demás duras, en el sentido de involucramiento institucional del gobierno de Venezuela en los procesos de exportación del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado como narcotraficante activo al Vicepresidente de Venezuela, con lo cual han quedado congelados sus activos de casi US$3 mil millones, una cantidad equivalente a la mitad del costo de las importaciones de alimentos del país en 2012.
Mientras tanto, decenas de millones de venezolanos padecen hambre porque el Gobierno es incapaz de importar suficientes alimentos para satisfacer las necesidades del país.
Luego de que el Ejército se hiciera cargo de la distribución de alimentos en julio de 2016, el tráfico de alimentos se hizo habitual y se estima que ahora genera cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Millones de personas no pueden comprar lo suficiente para alimentarse dado que la moneda y sus salarios han perdido valor como resultado de que en el país se registran los más altos índices de inflación de todo el mundo.
Venezuela debería ser uno de los países más ricos del Hemisferio. Sin embargo, el PIB está en caída libre, la pobreza ha alcanzado niveles sin precedente, los niveles de desnutrición han aumentado en todo el país, las enfermedades consideradas erradicadas como la difteria han reaparecido, la corrupción es generalizada y el país padece uno de los índices más altos de violencia en el mundo.
Esta situación que detallo en mi informe está basada en el análisis imparcial de los hechos y las circunstancias que sufre el pueblo venezolano, hechos y circunstancias documentados en parte a través de la ardua y valiente labor de defensores de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil que luchan por preservar el estado de derecho y la democracia en el país.
Hoy nos acompañan para esta mesa redonda representantes de cuatro organizaciones que citamos en el informe, Estas organizaciones han tenido que recorrer un largo camino para tener sus cinco o diez minutos acá, han tenido que superar obstáculos en el propio país y obstáculos dentro de la propia organización.
Un Gobierno no puede juzgarse a sí mismo, los juzgan sus ciudadnos. Debe ser juzgado por su propio pueblo. Este es el papel clave que deben de jugar los ciudadanos y la sociedad civil, contribuir a la fiscalización.
Una sociedad civil fuerte, e independiente es esencial para la democracia y actúa como garante de los principios y valores democráticos. La sociedad civil es un actor estratégico en nuestros esfuerzos por promover y defender la democracia y los derechos humanos.
Y la voz de la sociedad civil nunca va a ser acallada dentro de la Organziación de los Estados Americanos mientras yo sea Secretario General de la misma.
Como institución, la OEA tiene la responsabilidad de servir de plataforma para que la sociedad civil se pueda expresar. La democracia es un derecho de los pueblos y está establecido en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA nunca puede ser utilizada como instrumento para silenciar a la sociedad civil que valientemente defiende los derechos humanos especialmente de los más vulnerables.
La OEA debe ser el bastión del sistema interamericano y de sus valores democráticos. Debemos estar dispuestos a identificar aquellas medidas tangibles que permitan el restablecimiento del orden constitucional y el camino hacia la democracia en Venezuela.
Hoy en Venezuela todos necesitan justicia, necesitan justicia los 43 que murieron en las manifestaciones de 2014, necesitan justicia y necesitan verdad, necesita justicia cada uno de los venezolanos que ha visto sus derechos avasallados en este tiempo, necesitan justicia los que han visto sus derechos electorales vetados en su utilización. Necesitan justicia cada uno de los venezolanos. Devolverle la voz al pueblo a través de la celebración de elecciones generales es un paso imprescindible en ese camino.
El pueblo venezolano puede seguir contando con la OEA y la Secretaría General pues le reiteramos nuestro compromiso de trabajar juntos para restablecer la democracia.
LUIS ALMAGRO