Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU instó al Gobierno de Brasil y a tres empresas a abordar los numerosos impactos humanitarios que provocaron los vertidos tóxicos al río Doce, tras la ruptura de los muros de contención de una represa minera en el estado de Minas Gerais en Brasil, ocurrida hace un año.
El grupo calificó las medidas tomadas por el Gobierno y las compañías vinculadas a la tragedia como «insuficientes» para afrontar la enorme magnitud de los costos ambientales y humanos de esa catástrofe, calificada como el peor desastre medioambiental en la historia del país.
Se calcula que seis millones de personas siguen sufriendo sus consecuencias.
Ante la magnitud de la catástrofe, los expertos instaron a Brasil a aportar pruebas concluyentes que el agua de los ríos u otros recursos acuíferos son adecuados para el consumo humano.
El grupo expresó preocupación por los informes recibidos que indican que parte de los 700 km de vías navegables afectadas, principalmente el río Doce, siguen contaminadas.
Además, mostraron inquietud sobre el destino de las comunidades que fueron obligadas a abandonar sus hogares por el desastre, ya que tras un año el re-asentamiento de esas personas está lejos de completarse.
Finalmente, exhortaron a las empresas a que se abstengan de tomar medidas intimidatorias respecto al trabajo de los defensores de los derechos humanos.