En noviembre de 2010 fue suscrito el documento denominado “Declaración de El Calafate”, el cual fue refrendado por el Ministro de Salud de la Nación, el gobernador de Santa Cruz, el representante de OPS-OMS en el país, responsables de las carteras sanitarias de cinco provincias y titulares de distintas sociedades científicas.
En dicho documento se establecieron conductas y estrategias técnicas-científicas, y se han proclamado sentencias trascendentales que abarcan áreas tan sensibles como los Derechos Humanos.
La Secretaría de Salud, a través del Área Epidemiología e Inmunizaciones del municipio de San Vicente, adhiere a los conceptos técnicos, filosóficos e ideológicos del mismo, llevando desarrollando Políticas de Salud correspondientes para plasmarlas plenamente desde la inmunovigilancia y ejecución de proyectos con tácticas y estrategias adecuadas para lograr optimizar las coberturas de vacunación requeridas, apuntando a la sustentabilidad de éstas, para prevenir aquellas enfermedades inmuno-prevenibles y proponiéndolo como políticas de Estado.
El fin último de todas estas acciones encadenadas y planificadas estratégicamente, es impactar en la comunidad y lograr el control en ciertas enfermedades, y la erradicación de los agentes patógenos causales en otros. Ejemplo de esto es que “han posibilitado la erradicación de la viruela y la eliminación de la poliomielitis salvaje en las Américas”, cuyos países “deben comprometerse a mantener altas coberturas de vacunación para mantener los logros obtenidos”, según consta en el texto.
Tras señalar que la vacunación constituye “una herramienta de prevención, promoción y protección de la salud de la comunidad”, la declaración ratifica que “las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son obligatorias y gratuitas”.
Teniendo en cuenta lo expresado por documento, la Secretaría de Salud y el Área de Epidemiología de la comuna de San Vicente promueven e incentivan distintas medidas a seguir.
“Las vacunas son un ejemplo de una acción solidaria, ya que protegen tanto a quienes son inmunizados como a quienes los rodean”, dice el texto, que agrega que “los sistemas sanitarios públicos deben ser capaces de garantizar la asistencia universal, equitativa, solidaria, constante, eficaz y participativa”
También promueve “un modelo preventivo de atención de la salud con decisiones oportunas de intervención, que asuma sus riesgos y favorezca la creación de nuevas tecnologías que insten y estimulen la investigación y el desarrollo tecnológico en el país y la región”.
Sigue con conceptos como “la necesidad de instalar en la comunidad la noción de las vacunas como un bien social en el marco de un conjunto de acciones de promoción y protección de la salud”. Los firmantes sostuvieron que “la población debe reivindicar su acceso a la vacunación, por lo que se debe fortalecer la adecuada información como una herramienta efectiva para ejercer este derecho y, de tal forma, alcanzar este objetivo”.
Otro de los puntos de la declaración está vinculado con promover “el trabajo en conjunto por el bien común”, tanto, “compartiendo experiencias y dificultades en materia de coordinación e interacción entre los sectores de salud, educación, fuerzas de seguridad, organizaciones no gubernamentales, y demás organizaciones de la sociedad” como “promoviendo la permanente comunicación y las actividades de vacunación de forma intersectorial”.